Luego de los feriados por el Carnaval, el juez Gastón Mercau deberá pronunciarse sobre un nuevo pedido de excarcelación de los abogados de la líder de la Tupac Amaru
Este sábado, la líder de la organización Tupac Amaru cumplió su tercera semana en prisión, acusada por la Justicia de Jujuy de asociación ilícita, fraude y extorsión. Pero Sala no es la única activista involucrada en la causa, y el juez penal Gastón Mercau deberá definir varios temas luego de los feriados por el Carnaval.
En primera instancia, Mercau tendrá que pronunciarse sobre el pedido realizado por un abogado de Sala, quien entregó un escrito a la Justicia jujeña en el que solicita la nulidad de la detención ya que la dirigente es diputada electa del Parlasur, por lo que gozaría de fueros parlamentarios y no podría ser detenida.
Según la presentación, "salvo que el juez Gastón Mercau solicite el desafuero ante el Parlasur", Sala debería ser liberada. "La inmunidad de arresto de los parlamentarios del Parlasur es un privilegio con fundamento convencional", agrega el escrito.
Ese fue el planteo de las organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que realizaron una presentación ante la ONU para pedir que se convoque al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y aseguraron que se han desconocido los derechos políticos de Sala como diputada del Parlasur.
Sin embargo, en octubre de 2015 la Cámara Nacional Electoral rechazó la inmunidad de arresto para los parlamentarios del Mercosur, y sostuvo que los fueros son un privilegio del que gozan los miembros del Poder Legislativo nacional, pero que no aplica a un organismo internacional como el Parlasur.
Por otro lado, en una situación casi opuesta, la Justicia de Jujuy pidió el desafuero de la diputada provincial, Mabel Balconte y de una concejala de la localidad de San Pedro, Marcia Sagardía, ambas imputadas en la misma causa que Sala por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.
El juez de control Nº3 Gastón Mercau realizó el pedido, y el miércoles la comisión de Labor Parlamentaria deberá fijar fecha para realizar una sesión extraordinaria. En ese acto tomará estado parlamentario el pedido del juez y los legisladores deberán pronunciarse a favor o en contra del pedido de desafuero de la diputada provincial.
Para ser aprobado, deben reunir 32 votos a favor sobre un total de 48 legisladores, por lo que el oficialismo tendrá que contar con el apoyo de representantes del Frente Unidos y Organizados (el partido de Balconte y Sagardía), que tiene 6, o del Justicialismo, que cuenta con 10.
El juez Mercau también recibió pedidos de excarcelación de parte del abogado Efraín Garay, representante de Pablo Tolosa, ex vocal del Instituto de Vivienda, y de Marta Gutiérrez, contadora de ese organismo. Tolosa y Gutiérrez están acusados de "fraude a la Administración Pública" en la misa causa que Sala, y para Garay, la acusación en su contra "está muy politizada", y consideró que sus defendidos están imputados por haber realizado "un acto administrativo, solicitado por sus superiores".
Además de Sala, Tolosa y Gutiérrez, están imputados por fraude a la administración pública Olga Tufiño, Marcos Almasana, Alberto Cardozo, Juan Manuel Nieva, Damián Lacsi, Ramón Fernández, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Salas, Marcelo Almasana, Raúl Aguilera, Juan Manuel Aguilera, Lucio Abregú y Luis Corrado, y los investigadores todavía buscan al dirigente de la Tupac Amaru Javier Nieva, quien continúa prófugo.
Este sábado, la líder de la organización Tupac Amaru cumplió su tercera semana en prisión, acusada por la Justicia de Jujuy de asociación ilícita, fraude y extorsión. Pero Sala no es la única activista involucrada en la causa, y el juez penal Gastón Mercau deberá definir varios temas luego de los feriados por el Carnaval.
En primera instancia, Mercau tendrá que pronunciarse sobre el pedido realizado por un abogado de Sala, quien entregó un escrito a la Justicia jujeña en el que solicita la nulidad de la detención ya que la dirigente es diputada electa del Parlasur, por lo que gozaría de fueros parlamentarios y no podría ser detenida.
Según la presentación, "salvo que el juez Gastón Mercau solicite el desafuero ante el Parlasur", Sala debería ser liberada. "La inmunidad de arresto de los parlamentarios del Parlasur es un privilegio con fundamento convencional", agrega el escrito.
Ese fue el planteo de las organización Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que realizaron una presentación ante la ONU para pedir que se convoque al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y aseguraron que se han desconocido los derechos políticos de Sala como diputada del Parlasur.
Sin embargo, en octubre de 2015 la Cámara Nacional Electoral rechazó la inmunidad de arresto para los parlamentarios del Mercosur, y sostuvo que los fueros son un privilegio del que gozan los miembros del Poder Legislativo nacional, pero que no aplica a un organismo internacional como el Parlasur.
Por otro lado, en una situación casi opuesta, la Justicia de Jujuy pidió el desafuero de la diputada provincial, Mabel Balconte y de una concejala de la localidad de San Pedro, Marcia Sagardía, ambas imputadas en la misma causa que Sala por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.
El juez de control Nº3 Gastón Mercau realizó el pedido, y el miércoles la comisión de Labor Parlamentaria deberá fijar fecha para realizar una sesión extraordinaria. En ese acto tomará estado parlamentario el pedido del juez y los legisladores deberán pronunciarse a favor o en contra del pedido de desafuero de la diputada provincial.
Para ser aprobado, deben reunir 32 votos a favor sobre un total de 48 legisladores, por lo que el oficialismo tendrá que contar con el apoyo de representantes del Frente Unidos y Organizados (el partido de Balconte y Sagardía), que tiene 6, o del Justicialismo, que cuenta con 10.
El juez Mercau también recibió pedidos de excarcelación de parte del abogado Efraín Garay, representante de Pablo Tolosa, ex vocal del Instituto de Vivienda, y de Marta Gutiérrez, contadora de ese organismo. Tolosa y Gutiérrez están acusados de "fraude a la Administración Pública" en la misa causa que Sala, y para Garay, la acusación en su contra "está muy politizada", y consideró que sus defendidos están imputados por haber realizado "un acto administrativo, solicitado por sus superiores".
Además de Sala, Tolosa y Gutiérrez, están imputados por fraude a la administración pública Olga Tufiño, Marcos Almasana, Alberto Cardozo, Juan Manuel Nieva, Damián Lacsi, Ramón Fernández, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Salas, Marcelo Almasana, Raúl Aguilera, Juan Manuel Aguilera, Lucio Abregú y Luis Corrado, y los investigadores todavía buscan al dirigente de la Tupac Amaru Javier Nieva, quien continúa prófugo.
